Una vez examinada la documentación del expediente sobre corporaciones locales del año 2017 que se nos ha hecho llegar, y tras la última comisión informativa de obras en la que el entonces alcalde, José Manuel Cruz Viadero, intentó sin éxito justificar lo injustificable, la ACPT está en condiciones de afirmar que tanto el alcalde de entonces, como el alcalde actual están mintiendo y que, en el año 2017, en el programa de corporaciones locales se podía haber contratado un total de 205 personas, y tan solo se contrataron 85. Es decir, 120 personas menos. Por lo que el Ayuntamiento de Torrelavega tiene que devolver 1.093.358,20€ más 147.494€ en concepto de intereses por el retraso.

El 22 de marzo de 2017 el Gobierno de Cantabria publica la convocatoria las subvenciones para los programas de corporaciones locales del año 2017. El Ayuntamiento de Torrelavega presentó la solicitud el 8 de mayo de 2017, y en dicha solicitud se pedía la cuantía máxima que se nos pudiera conceder para dicho programa.

El Gobierno de Cantabria aprobó el 15 de junio una subvención para el Ayto. de Torrelavega por importe de 1.863.900€ para tres programas de empleo, abriendo un plazo de un mes para que el equipo de gobierno pudiese realizar las alegaciones que considerase oportunas, sin que se realizase ninguna.

El 30 de junio de 2017 Torrelavega presenta tres proyectos a cada uno de los tres programas subvencionados estimando un coste para el Gobierno de Cantabria por un total de 798.600€. Es decir, desaprovechando contrataciones por valor de 1.065.300€, aun habiendo pedido esa cantidad, aspecto éste último que están ocultando.

La excusa que pone el Equipo de Gobierno, tanto antes como ahora, para no haber utilizado todo el importe disponible de la subvención para las contrataciones es que el Ayuntamiento tenía por aquel entonces un límite en gastos de personal. Esta justificación es completamente falsa pues, como hemos podido saber, desde el año 2014 el Ayuntamiento de Torrelavega ya contaba con la autorización del Gobierno de España para poder ejercer competencias en materia de empleo. Lo cual significa que, si hubiese existido la voluntad política de hacerlo, se nos hubiera permitido habilitar una partida en los presupuestos con una cantidad suficiente para tal fin.

A juicio de la ACPT son unos hechos sumamente graves, ya que en aquel momento nuestra ciudad contaba con un 20% de paro o, lo que es lo mismo, 4.500 personas en desempleo y se podían haber contratado otras 120 personas más. Además, esas contrataciones desaprovechadas no solo hubiesen repercutido en la situación de las familias de las personas contratadas, aliviando su situación económica en aquel momento, sino que ese millón de euros desaprovechado hubiera repercutido directamente en la economía de Torrelavega.

Estos datos chocan con el discurso demagógico que durante años ha venido utilizando el PSOE en Torrelavega donde aseguraban que lo primero para ellos era el empleo y resulta que no son capaces ni de gestionar una subvención anual para tal fin.

La chapuza no termina aquí, sino que además de exigirnos la devolución del importe desaprovechado, el Gobierno de Cantabria reclama al Ayuntamiento 147.494,77€ en concepto de intereses. El equipo de Gobierno también se ha excusado en no pagar esos intereses debido a que aseguraban que el Gobierno de Cantabria nos había enviado dinero de más. Otra afirmación del equipo de gobierno completamente falsa, pues tras haber revisado la documentación del expediente, la ACPT asegura que no solo nos proporcionaron la cantidad que habíamos solicitado (el máximo) si no que se nos otorgó un mes para hacer cualquier tipo de reclamación, derecho que en su momento nadie ejerció.

Un asignación económica que inicialmente debía ir dirigida a la contratación de torrelaveguenses en paro, al haberse desaprovechado y no haberse devuelto en tiempo y forma, acabó en manos de los bancos al destinarse finalmente a la amortización de deuda contraída. Al haberlo devuelto el año pasado, cuatro años más tarde, eso significa que hemos contado con un millón de euros menos para proyectos necesarios en nuestra ciudad.

Hemos llegado a todas estas conclusiones pese a que la documentación que se nos ha facilitado estaba incompleta ya que, a la misma, al menos, le faltan informes técnicos y la orden de Alcaldía para tramitar dicha subvención. No podemos dejar escapar la ocasión para mostrar nuestro asombro al comprobar que la documentación facilitada estaba clasificada de forma que invitaba a la confusión, con un orden que favorecía la versión de los hechos del equipo de gobierno.

La ACPT, harta de ver este tipo de chapuzas a diario sin que nadie asuma sus responsabilidades, va a a impulsar la creación de una comisión de investigación que clarifique todo este asunto y determine nombres y apellidos de los responsables políticos de esta vergonzosa incapacidad a la hora de gestionar aspectos básicos de nuestro municipio.

Debemos recordar que en el año 2017 el máximo responsable político de la ciudad era José Manuel Cruz Viadero como alcalde, y que al frente del área de régimen interior y recursos humanos estaba José Luis Urraca Casal, que si por algo destaca es por su incapacidad manifiesta de gestionar cualquier área que esté bajo su responsabilidad tal y como hemos podido comprobar con el ANEI de la Viesca, el matadero municipal, las subvenciones de bienestar animal o la tramitación de la ordenanza de espectáculos.

Todos estos detalles los hemos podido conocer gracias a que de forma casual llegó a nuestras manos una de las cartas de devolución de la subvención de uno de los programas, sin que por parte del equipo de gobierno tuviesen la más mínima intención de comunicar estos hechos al resto de grupos políticos de la corporación o a la población, en una nueva demostración de la falta de transparencia del equipo de gobierno en esta legislatura.

Torrelavega, a 6 de abril de 2022