Presentamos una moción para su debate y aprobación en el Pleno municipal

La indignación se ha extendido por diferentes colectivos, asociaciones y vecinos en general de la ciudad al conocer los contenidos de la mal llamada “Ley de Seguridad Ciudadana” En el texto, el Gobierno del Estado da un paso más en la represión e inhabilitación económica de todo aquel que se salga de los márgenes establecidos –cada vez más restringidos- lo cual supone un ataque intolerable a nuestros derechos básicos. La imposición de esta ley responde al único interés de blindar a los políticos y al sistema de todos aquellos que nos levantamos contra él, desde distintos ámbitos y por distintos motivos. Con esta Ley, muchas de las movilizaciones protagonizadas por variadas asociaciones, colectivos, trabajadores en movilización, serían ilegales y por tanto objeto potencial de represión y multa. Por ello, hemos decidido presentar una moción al Pleno de Torrelavega del día 31 de Diciembre de 2013, para expresar de forma nítida el rechazo de esta ciudad a este ataque contra todo aquel que, legítimamente, se rebela contra cualquiera de los miles de brazos con los que, este sistema, ahoga a los que menos tienen.

El texto de la moción es el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de España ha aprobado en recientes fechas un anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo planteamiento y desarrollo ha puesto de acuerdo a partidos de oposición de distinto perfil ideológico, organizaciones sindicales, asociaciones del ámbito de la justicia, además de colectivos sociales y plataformas de todo tipo.

La naturaleza de esta Ley es continuación de las leyes franquistas “de Represión contra la Masonería y el Comunismo”, la “Ley de Vagos y Maleantes y ampliación de la más reciente “Ley de Seguridad Ciudadana” de 21 de febrero de 1992, conocida como “Ley Corcuera”

En el anteproyecto se incluyen distintas infracciones con multas desde 100€ a 600.000€ orientadas a castigar y reprimir las nuevas formas de movilización y de protesta ciudadana.

De este modo, si el proyecto de Ley termina por aprobarse, se aplicarán sanciones por asistir a reuniones ó manifestaciones no comunicadas ó prohibidas en lugares que tengan la consideración de “infraestructuras críticas”, las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, la obstrucción a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas ó judiciales, escalar edificios públicos ó históricos, difundir cualquier medio las concentraciones ó manifestaciones no autorizadas, perturbar el orden en campaña electoral ó la negativa a identificarse ante agentes de la autoridad.

Esto supone en la práctica reprimir la participación en acciones para evitar desahucios, la realización de concentraciones espontáneas, como las protagonizadas por trabajadores en conflicto laboral ó pidiendo la liberación de detenidos en la huelga general, acampadas del 15 M, colocar una pancarta en un edificio público, sin olvidar que también se perseguirá la libre información y difusión de todas estas acciones, todas ellas de evidente interés en tanto que, en algunos casos, son la única forma que las personas tenemos de desencadenar la solución de conflictos ó situaciones de extrema gravedad y el combate de la gran cantidad de situaciones de injusticia que este sistema produce.

Por otro lado, el anteproyecto introduce modificaciones legales que favorecen la privatización de la seguridad, cuestión que conlleva la reducción del sector público y la desprotección del pueblo, que de esta forma queda más sujeto a agentes sin cualificación suficiente y sujetos a la defensa de intereses privados.

MOCIÓN

1. El Pleno de la Corporación Municipal de Torrelavega manifiesta su rechazo al anteproyecto de “Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana” aprobado por el Gobierno.
2. Exigir al Gobierno la retirada del anteproyecto de Ley.
3. Dar traslado de este acuerdo al Sr. Presidente del Gobierno de España, al Sr. Ministro del Interior y al Sr. Delegado del Gobierno en Cantabria.

Torrelavega a 23 de Diciembre de 2013

Firmado: Iván Martínez Fernández

Portavoz de ACPT