La ACPT, una vez analizada la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la autorización de la CROTU para la construcción de un parque acuático en Torrelavega, realiza las siguientes valoraciones:

En primer lugar, ha quedado demostrado que el Alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha querido incumplir el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Algo sumamente grave pues él, como máximo responsable municipal y a la vez presidente de la comisión de urbanismo de este Ayto, debería ser el máximo velador del cumplimiento del mismo. Que un juzgado sea el que le tenga que decir que lo que ha intentado hacer no encaja en nuestro planeamiento urbanístico es sumamente grave y le debería hacer reflexionar sobre si debería seguir estando en el puesto que está ocupando.

Además, a juicio de la ACPT, esta sentencia desautoriza por completo a la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), dejándola totalmente en evidencia ya que ha dejado de ser un órgano que velaba por el cumplimiento de las leyes y normas urbanísticas para convertirse en un coladero del poder.

Otro elemento que destacamos de la sentencia es que rechaza completamente el interés general del proyecto. Vemos como los Marcano y sus entornos confunden -a sabiendas- el interés general con sus interese individuales y partidistas. No olvidemos que considerar el proyecto como de interés general se solicita en el Ayuntamiento y se ratifica por la Dirección General de Turismo. A su vez, la sentencia señala que han intentado disfrazar como equipamiento deportivo un complejo claramente turístico.

Debemos recordar que el Ayuntamiento de Torrelavega, con la complicidad de la CROTU, han pretendido construir todo un complejo turístico en suelo rustico amparándose en el famoso articulo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria. Un artículo que se promociona para poder construir allí donde pueda mejorar la vida del mundo rural pero que fue ideado y se está utilizando para ser el coladero que utilice el cacique de turno para saltarse los planeamientos urbanísticos.

Las competencias en materia de urbanismo siguen siendo municipales a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, pero se están utilizando todo tipo de artimañas para vulnerarlos: ya sea ese artículo 116 o a través de figuras como los PSIR. El PRC es el máximo impulsor de estas tácticas para reventar la autonomía urbanística local.

La ACPT considera que esta sentencia viene a parar los pies a los Marcano, que han llegado a creerse que el municipio de Torrelavega es su ranchito privado y que pueden hacer con él lo que les apetezca y cuando les apetezca. Pero recordamos que esa realidad es mucho más fácil para ellos con el apoyo y gracias a la servidumbre y complicidad de un PSOE sumiso y entregado que, por seguir manteniendo los sueldos que en otros lugares no ganarían, están tragando con todo tipo de tropelías.

Esta cacicada ya nos ha costado a los torrelaveguenses cerca de 60.000€. Esperamos que el Ayuntamiento acate la sentencia y no continúe dilapidando dinero público en la defensa de un proyecto a todas luces irrealizable.

Torrelavega, a 15 de diciembre de 2022