ACPT y ARCA acuden a la justicia para detener el absurdo parque acuático.


Aquí puedes ver el contenido de la rueda de prensa.

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) comparecemos para anunciar que ha sido admitido a trámite el pasado lunes un RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que ambas organizaciones hemos presentado en impugnación del Acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2.021, de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por el que se autoriza “la solicitud de construcción de equipamiento deportivo y de ocio en suelo no urbanizable de Sierrallana, en el municipio de Torrelavega, promovido por el Ayuntamiento de Torrelavega, en base a las consideraciones anteriores y condicionado al cumplimiento del artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales.” Hablamos del ya famoso Aquapark que pretende construirse en terrenos situados frente al Hospital de Sierrallana.

Son muchos los motivos que hacen que hayamos dado este paso y que lo hagamos en este momento que, aunque aún está en una fase inicial el proyecto, sí que nos parece alarmante que el principal filtro y mecanismo de control para garantizar la adecuación a normas urbanísticas, como es la CROTU, se haya convertido en un coladero que permite todo tipo de desmanes con cualquier justificación ridícula.

En este caso, es demencial que los integrantes de la CROTU admitan y den el visto bueno a un proyecto en suelo rústico que se ha tramitado al amparo del artículo 116 de la ley del suelo de Cantabria, que es una norma pensada para construcción unifamiliar, dotaciones deportivas o espacios de carácter rural y atractivo turístico rural.

En ningún caso, para la construcción de una mega instalación de carácter empresarial con cuatro usos forzados para tratar de justificar que cumple con dichos requisitos. Como, por ejemplo, la invención de última hora del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), del circuito de rafting: cuyo único objetivo es sortear la normativa vigente en un claro intento de fraude de ley.

A juicio de ambas organizaciones, es muy grave, que los integrantes de la CROTU actúen de una forma tan arbitraria, sirviendo de herramienta útil de algunos políticos megalómanos con mucho poder y contactos.

Tenemos claro que hablamos de un proyecto absurdo, ridículo y propio de otras épocas, en las que el despilfarro de dinero público se convirtió en una peligrosa hoja de ruta de políticos que, siempre alejados de las necesidades del pueblo, concebían su gestión como una posibilidad de dejar su impronta personal y siendo los facilitadores necesarios para grupos empresariales que, sin escrúpulo alguno, saquean las arcas públicas con el objetivo de hacer negocios redondos sin ninguna responsabilidad social, territorial o ambiental.

Cantabria o, mejor dicho, sus gobernantes, parece que aspiran a esos modelos de turistificación masiva, con sus chanchullos y pelotazos de por medio, poniendo a Torrelavega como piedra angular del megaproyecto de Aquapark. El clan al mando está decidido a hacer todo tipo de desmanes, favoreciendo el enriquecimiento de entornos cercanos con propuestas que, cada vez más, van en contra de las necesidades y objetivos de los y las cántabras.

Es el modelo que llevamos viendo dos años ya, y que precisamente se ha agudizado últimamente con motivo de la pandemia, convirtiendo Cantabria en una especie de Salou del Norte, donde lo que prima es que cada vez haya más masificación.

Ahora pretenden completar el absurdo con un millonario despilfarro de recursos públicos. No ha empezado el proyecto y el gasto de los estudios ya realizados ya supera los 40.000 euros, a los que se han de sumar en torno a 12.000 euros más de dinero público en campañas publicitarias para la empresa interesada.

Sobran recursos y empeño para un parque acuático que, con suerte, se podrá usar escasamente un mes al año. Este proyecto caerá en lo mismo por lo que ya han pasado en bastantes puntos del estado español: con una estimación de hasta 36 parques acuáticos abandonados y con pérdidas millonarias asociadas. Y la mayoría situados en zonas donde el clima al menos era más favorable.

No podemos olvidar la gran repercusión medioambiental y climática que tendría, puesto que hablamos del desmonte prácticamente completo de la ladera de una montaña. Pero, además, la instalación tiene una estimación de consumo de agua de 100.000 metros cúbicos diarios a pleno rendimiento. Una auténtica barbaridad completamente insostenible. También se estima una circulación de 7.000 vehículos diarios, con toda la contaminación que eso supone y, sin olvidar que todo eso ocurriría en las inmediaciones de un Hospital.

Seguramente ahora nos toque escuchar el manido argumento de la creación de empleo como justificación única para tanto despropósito. Jamás indicarán que se tratará de empleo totalmente precario y temporal como cualquier modelo económico asociado a servicios estacionales. Quizás algunos puestos de trabajo sean de más calidad, pues ya suena la empresa pública Cantur como interviniente en el proyecto. En ese caso, ya directamente será empleo inaccesible para quienes no vayan con el carné del partido entre los dientes.

Torrelavega, a 29 de octubre de 2021

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