La gestión de Laura Romano empuja al abismo a los Servicios Sociales en plena pandemia.


La ACPT, ante el silencio interesado de la concejala de Bienestar Social, Laura Romano Velarde, y la complicidad del alcalde, Javier López Estrada, nos vemos obligados a hacer una valoración pública de los datos vergonzantes de la Memoria 2020 del departamento de Servicios Sociales de Torrelavega, elaborada por la propia gerencia.

Ante unos datos tan preocupantes y demoledores es urgente y necesario un cambio de rumbo de forma inmediata en el área de bienestar social. Dos años después del inicio de la legislatura, la concejala se tiene que poner al frente del departamento y liderarlo. Si no está dispuesta a coger las riendas del departamento debe irse inmediatamente para su casa. Es inaceptable que, con el visto bueno del alcalde, las familias de Torrelavega se estén alejando cada vez más de los servicios sociales mientras desde la concejalía se incrementa el dinero que se le da a determinados colectivos para que realicen una labor de puro asistencialismo. Labor que pretende tratar de cubrir, a golpe de talonario -como nos tiene acostumbrados este equipo de gobierno-, los déficits de atención que no se es capaz de cubrir desde el área de bienestar social.

Los datos que arroja esta memoria del año 2020 vienen a corroborar lo que desde la ACPT venimos denunciando desde hace bastante tiempo: La alarmante desconexión que se está produciendo entre los servicios sociales y la población.

Valga como primer ejemplo que durante el año 2020 se han solicitado 326 ayudas menos del fondo extraordinario de suministros básicos con respecto al año anterior. Lo que supone un 40% menos. Recordamos que el primer año que se abrió esta convocatoria, 2017, se presentaron en torno a 1.000 solicitudes. Este año ni siquiera han llegado a 500. Esta ayuda, que tiene como ejes el refuerzo de ayudas económicas para alimentación, calzado, vestido, pago de alquileres, pago de recibos de suministros, adquisición de electrodomésticos como nevera y lavadora o mobiliario como colchones le ha sido denegada a 1 de 4 familias que la solicitó.

Quizá tenga mucho que ver en el rechazo a solicitar esta ayuda que las familias que subsisten con una Renta Social Básica o un Ingreso Mínimo Vital se les deniegue la ayuda de alimentos.

Tampoco es lógico que solo se hayan tramitado 40 ayudas de alquiler o 5 ayudas de primera mensualidad y fianza (de alquiler). Este dato indica es que las familias en riesgo de exclusión social han quedado fuera del mercado libre de alquiler, debido a las condiciones desmedidas que se exigen a la hora de alquilar, un problema que no se está queriendo abordar desde el área de bienestar social y que cada día se agudiza más en nuestra ciudad.

Otras ayudas como la de medicamentos, transporte o intervención social, directamente están fracasando al no habérsele concedido absolutamente a nadie. Pero luego nos rasgamos las vestiduras cuando otros partidos políticos piden que se retiren determinadas ayudas sociales.

Respecto al servicios de ayuda a domicilio, las bajas han sido superiores a las altas, y consideramos que esto se debe al miedo de las familias a abrir sus domicilios en época de pandemia. Con el COVID también se ha evidenciado un aumento de las solicitudes de catering social, pese a que es un servicio que se está prestando en condiciones muy mejorables tal y como hemos denunciado en anteriores ocasiones.

Torrelavega, a 19 de mayo de 2021

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