La población de las comunidades atlánticas del norte del Estado, siempre se ha caracterizado por su especial vinculación identitaria con la naturaleza y paisaje de su territorio. Por ello Asturias desde comienzos de su autonomía en 1982, protegió una franja de 500 metros hacia el interior en toda su costa e impidió la construcción en el suelo rural, como también ha hecho el País Vasco.

Cantabria desde el inicio de su autogobierno en 1982, adoptó el rumbo contrario. Rompiendo con su tradición y las políticas de las comunidades vecinas, se instaló en la ANOMALÍA TERRITORIAL CÁNTABRA: la falta de aprecio mostrada por los partidos y políticos gobernantes hacia el territorio, paisaje y valores naturales de su propia comunidad, y su permanente disposición a agredirlo. Desgraciadamente, esta es la tendencia que se ha mantenido invariable durante cuatro décadas hasta nuestros días.

Ya desde el comienzo de la autonomía cántabra, nuestros representantes políticos se caracterizaron por su gestión ajena a la ordenación del territorio. No ha habido demanda social al respecto que no haya sido posteriormente devaluada por nuestros parlamentarios en las instituciones.

Si la sociedad cántabra se volcó en apoyo de la campaña de Oyambre (1985) reclamando la protección del litoral, los responsables políticos respondieron con la brutal masificación urbanística de Noja y Castro Urdiales. A las movilizaciones en defensa de la playa de la Arena y la paralización judicial del proyecto (1992), nuestros representantes políticos respondieron autorizando agresivas urbanizaciones en diversos lugares de la costa, que culminaron con el bochornoso escándalo de 859 sentencias de derribo, todavía por resolver.

Se constata que sólo la presión ciudadana ha conseguido lo poco que territorialmente está ordenado en Cantabria. El Plan de Ordenación del Litoral se aprobó en 2004 con 20 años de retraso, exclusivamente por la presión social. Ante la obligación de hacer en 2006 un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para toda Cantabria, la respuesta ha venido siendo eludir y paralizar indefinidamente hasta el día de hoy, cualquier intento de ordenación territorial. En cambio, en lo que sí se han puesto de acuerdo los gobiernos de diferente color político, es en devaluar progresivamente la ley del suelo de 2001, que impedía la construcción en suelo rústico.

Con estos antecedentes, ahora en 2021 el gobierno pretende culminar el proceso de involución, apostando por el desorden territorial como modelo. Para ello, presenta un proyecto de ley que consagra la liquidación definitiva de todo el territorio rural de Cantabria, potenciando la construcción dispersa generalizada, los polígonos de almacenaje, y una variada gama de complejos turísticos tan pintorescos como impropios e indignos del modelo económico y sostenible que merece nuestra Comunidad.

La posibilidad de construir en suelo rústico que abrió la ley de 2012, y la ampliación generalizada que ahora potencia el proyecto de ley de 2021, coloca a nuestros políticos con responsabilidad de gobierno, en contra de la normativa moderna seguida por las comunidades vecinas, el resto del Estado y la unión europea, y en contra de las necesidades y el interés general de Cantabria.

Se continúa en la tendencia de presentar como normal lo que en las demás comunidades es anormal. Tanta insistencia en gestionar el territorio al revés de todo el mundo, merece una explicación por parte de nuestro gobierno. El Gobierno cántabro debe aclarar a la sociedad por qué motivo se llega al extremo de ahondar aún más en la anomalía territorial que padece Cantabria.

Como ya ocurrió en el pasado, sólo desde la sociedad podemos impulsar iniciativas que avancen hacia una gestión moderna y ordenada de nuestro territorio e impidan su destrucción definitiva. Por ello hacemos un llamamiento a la población de Cantabria para que tome conciencia de la grave amenaza que supone este proyecto de ley, y apoye las propuestas de Iniciativa Cantabria Sostenible:

• Retirada del actual proyecto de ley del suelo.
• Derogación de la ley del 2012.
• Restauración de la ley del suelo de 2001.
• Alternativas económicas para el suelo rural en positivo, orientándolo a los fines propios de su naturaleza.
• Consensuar un nuevo modelo económico diverso, estable y sostenible para Cantabria, con participación social y un horizonte a largo plazo.

Santander  9  de  marzo   de 2.021
Iniciativa Cantabria Sostenible