El pasado viernes hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que se había reunido por primera vez la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la cesión de terrenos con el objeto de una promoción de viviendas protegidas en el municipio, tras recibir la denuncia presentada por la ACPT por el incumplimiento de dicho convenio.

Ayer mismo hemos solicitado por escrito que se nos haga entrega de una resolución que responda de forma oficial a nuestras alegaciones, así como el acta de la sesión y los informes jurídicos/técnicos en los que se hayan basado para tomar esa decisión.

Esta comisión parece ser, y decimos parece ser al no haber recibido ninguna respuesta oficial,  que ha decidido darnos la razón en una de las tres alegaciones que presentamos por escrito el pasado día 13 de febrero, en concreto la referida a que la convocatoria se había abierto a personas de toda Cantabria en vez de limitarlo a Torrelavega como dictaba el convenio.

Sin embargo, en las informaciones aparecidas, la comisión no hace mención a ninguna de las otras dos alegaciones que presentamos, tanto la referente a la edad como a los ingresos.

En estos momentos, y a falta de recibir la documentación solicitada a la Comisión, estamos en condiciones de poder decir que no compartimos el anuncio hecho público, puesto que podríamos haber llegado a entender que se nos denegase todo lo pedido por figurar en la parte expositiva del convenio y no en las cláusulas.

Pero si se nos da la razón respecto al lugar de empadronamiento que figura en esa parte expositiva, se nos debe dar la razón también respecto a nuestras peticiones de que se abra a todas las familias de Torrelavega sin exigir un mínimo de ingresos, ya que como bien habíamos explicado anteriormente en el punto V del exponendo señala: “… está en condiciones de asumir la promoción y construcción de viviendas protegidas en el ámbito arriba señalado, destinándolas al alquiler o alquiler con opción de compra por parte de familias pertenecientes al municipio de Torrelavega con escasos medios económicos, todo ello al amparo de la Ley 5/2014 de 26 de diciembre de Vivienda Protegida”.  Además en el exponendo VI dice: “…para con ello ayudar a resolver las necesidades de vivienda de alquiler de aquello vecinos de Torrelavega que no pueden acceder a una vivienda en este régimen en el mercado libre”.

Ante esta situación, la ACPT no entendemos que el Gobierno de Cantabria continúe con el proceso como si nada hubiese ocurrido y no lo haya anulado para abrir uno nuevo con los criterios que defendemos, y que en parte han aceptado, ya que la situación después de esa reunión es otra distinta.

Nos podemos encontrar en el caso de que haya personas de Torrelavega que al estar abierta la convocatoria a toda Cantabria haya decidido no presentarse por considera que las opciones que tenían para conseguir una de esas viviendas eran nulas. Decisión que hubiese sido otra si el proceso, como finalmente se ha decidido, solo fuese para Torrelavega.

Actualmente en Torrelavega hay 1891 vecinos y vecinas apuntados como demandantes de vivienda en la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria. Este dato ya de por sí resulta bastante significativo de la necesidad de vivienda existente en la ciudad y debería de servir para que Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria se tomasen como prioritarias de una vez esta necesidad y demanda existentes en nuestra ciudad.

Una vez se nos comunique la resolución, así como la documentación solicitada, la ACPT tiene claro que presentará recurso a la misma, esperando que se nos dé la razón a través de la vía administrativa para no tener que vernos obligados a judicializar este proceso. Y de esta forma, además, evitar situaciones desagradables para quienes resulten adjudicatarios de un proceso a todas luces irregular.

Todavía estamos esperando a que el alcalde de Torrelavega dé explicaciones públicas sobre todo este asunto. En el último pleno le preguntamos al respecto y evitó dar cualquier tipo de explicaciones cuando ya era conocedor de esta decisión, puesto que en este asunto esta jugando a ser “juez y parte” ya que él ha sido uno de los responsables de los criterios utilizados y a la vez es uno de los miembros de la comisión que ha analizado nuestras denuncias.

Su deber es velar por los intereses de la ciudad y de sus vecinos y vecinas por encima de siglas políticas y jefes de Santander, algo que, como viene siendo habitual, no ha hecho en esta ocasión. Ha vuelto a anteponer los intereses del Gobierno de Cantabria a las cerca de dos mil familias que están demandando una vivienda social en Torrelavega. Estamos seguros que la razón de no aceptar la anulación del requisito de edad se debe a que el Gobierno de Cantabria no tenga que devolver la subvención recibida de medio millón de euros del Gobierno de España para viviendas de emancipación juvenil.

Por último, queremos recordarle al Presidente de Cantabria que cumpla su promesa de adquirir las 78 viviendas que el SAREB tiene en Ganzo. Han pasado un año y trece días desde que adquirió este compromiso de forma pública con Torrelavega y la ACPT, junto a las 1891 familias anteriormente mencionadas, seguimos a la espera de que cumpla.

Iván Martínez, concejal por la ACPT en el Ayuntamiento de Torrelavega

Torrelavega, a 3 de marzo de 2020