La ACPT ha conseguido que se paralice la aprobación del Pliego de Condiciones para la limpieza de dependencias municipales hasta que se incluyan en el mismo cláusulas que garanticen los derechos laborales de quienes prestarán esos servicios, generalmente mujeres.

Un sector ya de por sí precarizado, con un colectivo de trabajadores vulnerables por la baja especialización, al que históricamente no se le prestaba atención ni se le defendía. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega pretendía continuar en esa línea aprobando un pliego de casi 7,5 millones de euros sin tan siquiera haber mantenido una reunión de trabajo con los grupos de oposición.

Finalmente, hemos logrado que se retire del orden del día de la Comisión de Hacienda en la que pensaban aprobarlo como quien aprueba el arreglo de unas baldosas y que a regañadientes se convocase una junta de portavoces en la que poder exigir hasta 13 modificaciones que, estamos convencidos de que garantizarán mucho más las condiciones de los trabajadores.

Partiendo del compromiso de reducir de 4 a 2 los lotes iniciales que se contemplaban, hemos conseguido que buena parte de esos trabajadores no se queden sin el derecho de representación o de tener un comité de empresa. Igualmente importante es el compromiso de especificar en el Pliego de Condiciones la obligación de tener como referencia el Convenio de Limpieza Edificios y Locales para la CC.AA. de Cantabria en el lote que se contratará con un Centro Especial de Empleo, evitando así las vergonzosas condiciones que algunos trabajadores con discapacidad han sufrido los últimos 5 años mientras el Ayuntamiento miraba para otro lado. Salarios de 300 euros con la integración como excusa, que servían para que la adjudicataria aumentase sus beneficios descaradamente.

Consideramos igualmente importante que el pliego contemple varias cláusulas de control de la prestación para evitar el robo de horas, falta de medios o no ejecución de tareas obligatorias como ocurre con la empresa que actualmente realiza las limpiezas de los edificios municipales. Situación especialmente grave cuando ocurre por ejemplo en los colegios, habiéndose convertido en motivo recurrente de queja y que esperemos que con medidas como la realización de una auditoria anual obligatoria, no vuelvan a producirse.

Hemos pedido igualmente que tengan mayor valor en la puntuación final las cláusulas sociales o que el contrato se reduzca de cuatro a dos años, confiando en que de una vez por todas, desde la administración contratemos nuestros servicios de manera responsable atendiendo a los derechos e interese de los trabajadores y no de las empresas y sus beneficios, sin importarnos el resto.

En Torrelavega a 24 de enero de 2019