La semana pasada teníamos conocimiento del informe favorable de la Consejería de Industria para que se legalizasen las naves que la empresa Paruvi, propiedad del concejal de Torrelavega Sí, Rufino Sasián, tiene construidas sobre suelo rústico en el Barrio La Llamiega de Tanos. Esta legalización se sustenta en el supuesto interés social que tiene está empresa por el empleo que genera.

Para la ACPT, esta decisión que ha tomado la Consejería de Industria es muy grave, ya que con ella se pone fin a la normativa urbanística de Torrelavega. Se viene a reconocer, de esta manera, el derecho de pernada para todo aquel que tenga buenas amistades, esté políticamente bien situado y se esté enriqueciendo utilizando como escudo su plantilla de trabajadores. Un método de chantaje que, por desgracia, en esta ciudad empieza a ser muy habitual para saltarse cualquier tipo de legalidad y norma.

Estamos ante un nuevo ejemplo de como la administración es el chiringuito y el cortijo que muchos de los que la integran utilizan para sus intereses particulares.

El señor Francisco Martín, con su decisión, ha dejado muy patente dos cosas: que le importa muy poco Torrelavega, y que promueve que nuestras mejores tierras y mieses sean destruidas y hormigonadas.

Se va a consentir una ilegalidad urbanística en un terreno calificado de alto valor agrológico, al igual que en la mies de Sorraasa con el PSIR de Las Excavadas. De hecho, la zona de La Llamiega aparece en la actual revisión del PGOU como suelo rústico de especial protección. Es decir, intocable. Parece mentira que este personaje haya sido Consejero de Medioambiente, puesto que una de las pocas riquezas que le quedan a nuestro municipio, como son sus suelos, él está empeñado en destruirlos.

Pero de esta decisión que se ha tomado, también tienen mucha responsabilidad todos los miembros de la Corporación de Torrelavega. Hay que recordar que la CROTU, ante la petición de legalización que había hecho este empresario que ahora juega a político, respondió que la decisión la debía de tomar el Ayuntamiento de Torrelavega. Sin embargo, el Ayuntamiento, en lugar de mojarse y velar por los principios urbanísticos que rigen nuestro plan general, le pasó la patata caliente a la Consejería de Industria.

Hace unos meses, la ACPT ya denunció que el Equipo de Gobierno actual estaba buscando la legalización. Y además, que ésta fuese concedida por el Gobierno de Cantabria, para no tener que mojarse en el asunto y así en el futuro PGOU contemplar ese suelo como industrial, para de esa manera, satisfacer la única exigencia que la señora Blanca Rosa Gómez Morante ha puesto para dar su apoyo a la revisión del PGOU de Torrelavega.

Por desgracia, una decisión como esta, viene a demostrar que cuando uno invierte en un partido político, como es el caso de Rufino Sasián y el partido de Blanca Rosa Gómez Morante, Torrelavega Sí, obtiene sus beneficios. Unas naves, construidas ilegalmente, en suelo rústico, denunciadas por activa y por pasiva, con órdenes de derribo que no se han ejecutado y que todo el mundo sabía de su situación, finalmente todo apunta a que serán legalizadas, admitidas y este empresario se saldrá con la suya por encima de cualquier tipo de normativa y ordenación.

Y lo hará poniendo dinero por delante, quizás no sólo en Torrelavega y utilizando su cargo para influenciar a un Consejero que no olvidemos, arrastra gestiones turbias por doquier, con el despilfarro y la falta de trasparencia como carta de presentación. Una nueva muesca que añadir al Consejero de los amiguismos y los favoritismos.

En Torrelavega a 3 de julio de 2018