En la mañana de hoy hemos tenido conocimiento de la sentencia judicial definitiva por la que se anula la contratación de un policía local que había accedido a su plaza sin cumplir los requisitos de la convocatoria, admitiendo por tanto a quien de manera injusta había quedado fuera.

La ACPT éramos conscientes de cual iba a ser el desenlace de todo este procedimiento judicial, y así lo venimos advirtiendo desde el principio. En el pleno del 28 de enero de 2016 hacíamos una pregunta a la Alcaldía sobre este asunto solicitando que se pronunciase al respecto. Desde entonces hasta la fecha, en al menos otras cuatro ocasiones, no hemos perdido oportunidad solicitando la inmediata incorporación al servicio del policía perjudicado, ya que sabíamos que cada día que pasase, era un día que le tendríamos que pagar sin haber podido trabajar como era su voluntad.

Es necesario recordar que ya en diciembre de 2017 el Ayuntamiento acumulaba una deuda de 80.000€ con este futuro trabajador municipal, fruto del salario que debía de haber recibido si se hubiese incorporado en la fecha del proceso de contratación denunciado. A lo que habrá que sumarle el tiempo transcurrido desde entonces hasta su incorporación definitiva. Exigimos, por tanto, que se ejecute la sentencia de manera inmediata, sin tardar ni un solo día más.

Una vez que, judicialmente, este caso está resuelto, es momento de dirimir responsabilidades tanto políticas como técnicas. Ya que si el proceso de contratación fue incorrecto, al dar por válida una documentación que se demostró que no lo era, se tendrá que explicar quién la dio por válida y por qué. Pero además, señalamos como responsable político de esta nueva chapuza al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, pues ha sido conocedor desde el primer momento, y pese a las advertencias, de todo lo ocurrido. Y lo único que ha sido capaz de hacer es dar largas, y esperar a que finalmente la sentencia diese la razón al Ayuntamiento, aun sabiendo que esto era imposible.

Una vez más, no se nos ha hecho caso, y todo este tiempo cuesta un dinero que de momento va más allá de los 80.000 euros. Como lo sacan de la caja común parece que no les importa. ¿Y si lo pagan ellos por irresponsables? ¿Qué clase de asesoramiento recibe el equipo de gobierno para ser incapaz de conocer una situación jurídica de la que nosotros ya les habíamos advertido?

En Torrelavega a 11 de junio de 2018