Tras reflexionar en la asamblea de ayer en base a los motivos que a continuación os detallaremos, la ACPT ha decidido que a partir de este momento no acudirá a ningún tipo de reunión previa en la que se negocie ningún tema con el equipo de gobierno, por considerar estas reuniones inútiles y como una auténtica tomadura de pelo, pues no sirve de nada lo firmado y acordado ya que después no se ejecuta.

Desde el inicio de la legislatura, nuestro esfuerzo para sacar adelante temas fundamentales para el día a día de Torrelavega ha sido diario y constante, chocando siempre con el mismo muro: la desidia del equipo de gobierno. Por nuestra parte, hemos participado, trabajado y aportado en todos aquellos temas que se han puesto encima de la mesa, en muchas ocasiones asumiendo mayor responsabilidad de la que nos corresponde.

Buen ejemplo de ello, es el Plan General de Ordenación Urbana, que como se ha reconocido públicamente, hemos sido el único grupo político que hemos aportado ideas, propuestas y ganas para sacarle adelante. Un PGOU cuyos trámites necesitan como mínimo dos años para ser aprobado. Un PGOU necesario para conseguir cambiar la dinámica que viene arrastrando la ciudad en la última década, pues actualmente nos estamos rigiendo por un plan aprobado hace más de 30 años, momento en que la situación socio-económica era totalmente diferente. Bajo los principios del año 1985 es imposible salir del estado de letargo que sufre nuestra ciudad.

Consideramos que el borrador del PGOU respeta el territorio, pone en valor los recursos naturales, cuida nuestro patrimonio, se aleja de la especulación y recupera modelos productivos más sociales, locales y del sector primario, pero de forma incomprensible asume el atentado medioambiental del PSIR de Las Excavadas. Lo cual consideramos una verdadera incoherencia.

En febrero de este año y viendo que el tiempo se agotaba para poder sacar adelante el PGOU en esta legislatura, mantuvimos una reunión con el Alcalde, y le expusimos la necesidad y urgencia de aprobar el plan general, ofreciéndole el apoyo hasta su aprobación definitiva, siempre y cuando se retirase el PSIR de Las Excavadas. Comprometiéndose a trasladar al equipo de gobierno esta propuesta y defenderla, pues reconocía que el PSIR era un error. Tras varias conversaciones posteriores el único argumento, tanto de PSOE como PRC para defender el PSIR ha sido el miedo al ridículo de retirar esa propuesta. Intereses de partido por encima de la responsabilidad para con Torrelavega y su futuro.

A mediados de agosto, y dado que la reunión a la que el alcalde se comprometió a convocar no se producía, se le exige una respuesta en el plazo de un mes, comprometiéndose de nuevo a convocarla después del pleno de agosto. A día de hoy seguimos sin tener respuesta.

Por otro lado, en materia de personal municipal, el equipo de gobierno se comprometió con la ACPT a sacar adelante la oferta de empleo público de 2017, presentándonos una propuesta que consideramos correcta casi en su totalidad, solicitando únicamente el cambio de una plaza de policía por una plaza de bombero. En esa oferta se incluían 13 plazas de interinos para reducir la interinidad del Ayuntamiento y resolver problemas endémicos que venimos arrastrando en diferentes departamentos, como Servicios Sociales. De forma unilateral y sin comunicación previa, decidieron retrasar la oferta de empleo público para 2018, demostrando con ello su cobardía a la hora de afrontar los problemas. De nuevo, intereses particulares por encima de los generales.

El incumplimiento del equipo de gobierno ha sido continuo también en todos los acuerdos a los que hemos llegado, y que de forma somera resumimos en cuatro grandes bloques:

-Acuerdos de investidura (Año 2015): 12 acuerdos cumplidos de 44 firmados.

-Presupuestos 2016: 5 acuerdos cumplidos de 12.

-Presupuestos 2017: 5 acuerdos de 19.

-Mociones y acuerdos puntuales que a día de hoy siguen sin darse cumplimiento: Moción pirotecnia y protección animal, mociones sobre emancipación de mujer, moción de circos con animales. Modificación en las ordenanzas de bienestar animal, de convivencia ciudadana o de espacios públicos.

Una de nuestras luchas principales, como ha sido la retirada del transformador de Lasaga Larreta 33, se  ha cubierto de los tintes partidistas más vergonzosos, poniendo auténticas zancadillas a un proceso que ya podría estar terminado sino fuese por los complejos, miedos y envidias de los partidos que componen el equipo de gobierno. A día de hoy hay un proyecto encima de la mesa, que ha tardado más de 5 meses en ser analizado. Un proyecto que la ACPT regala a las y los vecinos y al Ayuntamiento, y que tan solo por incluir nuestro logotipo es vetado, poniendo por encima, nuevamente, los intereses partidistas por encima de las y los vecinos afectados durante una década por esta injusticia.

Durante estos dos años ha sido muy difícil trabajar con este equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que actualmente está compuesto de tres personas, José Manuel Cruz Viadero, Javier López Estrada y Pedro Pérez Noriega. El resto de los miembros son convidados de piedra. A esto se le suma que desde el primer momento de la legislatura han estado más pendientes de las fotos y los ‘saraos’ que de mostrar compromiso en el desarrollo de sus tareas. Un grupo de concejales sin ninguna capacidad, ni interés. Apáticos y completamente prescindibles para la ciudad.

Por todo ello, ante la vista de que no se van a resolver ninguno de los problemas que arrastra la ciudad, y habiendo comprobado que al equipo de gobierno solo le interesa que pasen los días, la ACPT da por terminada esta legislatura. A partir de este momento la ACPT retomará la oposición de forma cruda, dura y beligerante, asumiendo con frustración la demostrada imposibilidad de ser constructivos con equipos de gobierno intrínsecamente destructivos para la ciudad en su quehacer diario.

Todo lo ocurrido, la decisión y las consecuencias de la misma, será explicado de una forma general en nuestro próximo concejo abierto a finales de octubre y también de forma detallada y particular a todos y cada uno de los colectivos y personas afectadas por los diferentes incumplimientos de los acuerdos.