El objetivo del recurso es evitar que el Ayuntamiento tenga que pagar 4,5 millones de € a la constructora

El pasado 23 de Marzo éramos conocedores de la decisión judicial de archivar la denuncia interpuesta por ACPT y a la que después se sumó el Ayuntamiento de Torrelavega como parte perjudicada,  contra Luis Del Rio Diestro por considerar que el caso estaba prescrito ya que este no había tenido nada que ver con la posible falsedad documental,  que nosotros denunciamos al registrarse ante el notario un convenio urbanístico para obtener el Ayuntamiento la finca de La Carmencita distinto al aprobado en el Pleno Municipal.

Por eso el pasado 27 de Marzo hemos presentado ante el juzgado de instrucción número 5 un recurso de reforma y subsidiario de apelación que basamos en considerar  que no se han realizado las diligencias necesarias para llegar a la conclusión de si existe o no prescripción de los hechos, ya que como el ministerio fiscal dejo claro, si Luis del Río hubiera conocido la falsedad del documento y a sabiendas de ello lo intentó hacer valer ante un Juzgado, no estaría prescrito.

Para esclarecer si Luis del Río era conocedor de los hechos sólo se ha contado con su declaración que realizó el pasado 20 de Febrero tras solicitar que esta se adelantase para evitar un supuesto linchamiento mediático (Otorgándole un privilegio que no esta disposición de otros imputados y dando por bueno ese linchamiento mediático que es totalmente falso).

También para aclarar al detalle su implicación en los hechos y a petición de la parte perjudicada en este caso el Ayuntamiento, se proponen una serie de testigos que van desde altos cargos de funcionarios municipales, algunos activos y otros que así lo estaban en el año 2003 y cargos políticos de entonces como el Alcalde Javier López Marcano o el Gerente de Urbanismo Pablo Sámano, llamando a López Marcano a prestar declaración para el día 27 de Febrero (Curiosamente a nosotros se nos informó de dicha declaración, -sólo un día antes-) y sin ningún argumento que lo justifique en apenas unas horas se suspende dicha declaración y se le solicita nuevamente informe al ministerio fiscal sobre la concurrencia de Prescripción.

El informe del ministerio fiscal acaba señalando que si se practican las testificaciones solicitadas por el Ayuntamiento, algunas personas deberán ser llamadas en calidad de imputados. Finalmente y como decíamos al principio el 23 de Marzo se declara la prescripción.

Hay dos decisiones del Juzgado que no han sido fundamentadas ni motivadas de ninguna manera:

• La providencia de 28 de Enero de 2015 por la que se adelanta la declaración de Luis del Rio del 27 de Mayo al 20 de Febrero una decisión que no es baladí, ni es puro trámite, al estar implícitamente dando por buenos los peregrinos argumentos del imputado (linchamiento mediático).

• La Providencia de 25 de marzo es bastante más relevante en cuanto al día siguiente de haber acordado las citaciones de los testigos propuestos por el Ayto., y sin que medie actuación alguna –que conozcamos- cambia radicalmente de criterio y suspende las testificales para que se vuelva a informar sobre la prescripción. El juez no puede actuar de esta forma en apenas dos días y no fundamentar un cambio de criterio tan relevante. La motivación se torna aún más escrupulosa si en el escenario hay unas personas de gran poder económico y político, y si el perjudicado, y que además puede ser en forma de grave quebranto para sus arcas, es una Administración Local. Puede ocurrir que el Secretario Municipal sea la persona adecuada para aclarar quién redacto el convenio. Y que alguno de los testigos aclare si Luis del Rio sabía o no que el convenio estaba manipulado, incluso por haberlo manipulado él mismo, en cuyo caso no concurre prescripción.

Por lo tanto consideramos que el Juez no ha practicado las diligencias necesarias para llegar a la conclusión de si existe o no prescripción de los hechos y la única diligencia es la declaración de Luis del Rio, que lógicamente nadie espera que se autoinculpe. Sin embargo, existe un documento en las diligencias de otro procedimiento que es inculpatorio “mi mandante (Luis del Rio) tuvo la prevención de incluir una cláusula en la escritura de permuta, concretamente la cláusula sexta, en la que se decía “si por cualquier otra causa”.

ACPT consideramos que los ciudadanos de Torrelavega tienen, tenemos derecho a conocer la verdad, es decir, saber si hubo falsedad ó no en el convenio y que en caso de haberla se juzgue a los culpables para que se esclarezca la verdad de lo ocurrido.

Desde Asamblea Ciudadana por Torrelavega vamos a continuar adelante con este contencioso hasta las instancias que sean necesarias, porque es responsabilidad y obligación de esta organización, como representantes de la ciudadanía, defender el interés público y colectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La denuncia de ACPT con las horas de trabajo necesarias y el dinero (cerca de 1.000€) tendrán que ser superiores pero consideramos que todo esfuerzo es poco si logramos evitar que el Ayuntamiento tenga que afrontar el pago de 4.500.000 € a la constructora “Terrenos de Adarzo”

En Torrelavega, a lunes, 30 de marzo de 2015