El Viernes, último día de Enero de 2.014, presentamos en el registro esta que es ya la segunda moción como una medida adicional, un medio más para detener el fracking en nuestra ciudad y en el conjunto de Cantabria. La moción será debatida y votada en el próximo pleno (martes día 4 de febrero)y en ella, se insta al Ayuntamiento de Torrelavega a PROHIBIR la técnica de fractura hidráulica ó fracking en territorio municipal y se propone que el Pleno traslade al Gobierno de Cantabria la necesidad de introducir cambios en la Ley de Suelo que impidan el uso de esta técnica.

MOCIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING) EN TORRELAVEGA Y CANTABRIA

El fracking es una técnica para la extracción no convencional de gas consistente en realizar una serie de perforaciones verticales y horizontales en el subsuelo para provocar fracturas en los estratos rocosos que contienen el gas a una profundidad de entre 3.000 y 5.000 metros.  A través de estas perforaciones se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena, y cientos de productos químicos (algunos desconocidos), que disgregan el subsuelo y permiten liberar el gas asociado en estas rocas porosas e impermeables.

Existe un riesgo elevado de contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y por tanto esto, traería unas consecuencias irreparables para la agricultura y ganadería de nuestra municipio, y para la economía local y regional, además de para la salud y bienestar de los ciudadanos; se empieza a relacionar esta técnica con contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales con gases y sustancias químicas; además de conllevar un elevado consumo de agua, impactos al paisaje, ruidos, microseísmos, contaminación del aire y posibles afecciones a la salud humana por el uso de productos químicos nocivos y tóxicos.

Un principio fundamental del derecho de la Unión Europea es el principio de precaución, y que permite prohibir cualquier tipo de actividad o uso del que existan indicios de causar daño al medio ambiente o a la salud humana, mientras no se demuestre con absoluta certeza y de forma científica su inocuidad, y permite invertir la carga de la prueba, con lo cual debe ser el industrial el que acredite plenamente la ausencia de riesgos. In dubio pro natura.

Este principio de precaución se consagró en la Conferencia de Rio en 1992 y forma parte del Tratado constitutivo de la Unión Europea, y ya forma parte de nuestro ordenamiento, con referencias por ejemplo en la Ley de 2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

En virtud de este principio de precaución, Francia ha prohibido la técnica del fracking en todo su territorio: el legislador francés ha considerado que la técnica de fracturación, en el estado actual de los conocimientos, entraña una serie de riesgos para  medio ambiente y la salud, que dice “graves e irreversibles”: la contaminación de las aguas subterráneas, aumento de la erosión, el uso de cancerígenos, etc.

Y en virtud del mismo principio de precaución, haciéndose eco del sentir generalizado de la sociedad cántabra, el Gobierno de Cantabria ha prohibido en nuestra Comunidad Autónoma el fracking, por la Ley 1/2013 de 15 de abril, legislando en el ámbito de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético; y regula el fracking como un uso de suelo prohibido en todo el territorio de Cantabria, suspendiendo, que no anulando, los permisos otorgados.

No obstante, el Gobierno  ha recurrido la Ley Cántabra ante el Tribunal Constitucional, para intentar su derogación y así poder ejecutar en Cantabria una política de hidrocarburos que claramente apuesta por el fracking, sacrificando los recursos naturales y poniendo en serio peligro la salud de los ciudadanos. Este recurso  supone un frontal ataque a la autonomía de Cantabria y al sentir de los cántabros, a pesar de que las recientes Recomendaciones de la Comisión Europea C (2014) 267/3, sientan el principio de que cada Estado miembro es libre de prohibir o no esta técnica en sus territorios.

El Ayuntamiento de Torrelavega debe manifestar de forma contundente su oposición  al uso de la técnica del fracking en nuestro municipio, y su condena al recurso de constitucionalidad interpuesto contra la ley cántabra; instando al Gobierno de Cantabria a que de manera urgente realice las modificaciones necesarias en la Ley del Suelo de Cantabria para que se regule el uso del suelo mediante esta técnica como un uso prohibido en todo del territorio de Cantabria, y que se anulen los permisos concedidos hasta la fecha.

Igualmente, este Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, debe elaborar una Ordenanza que, en consonancia con el principio de precaución, prohíba la utilización, uso del suelo, y actividad, en el municipio de Torrelavega, de la técnica de fracking.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Asamblea Ciudadana por Torrelavega propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:

MOCIÓN

1º.- Mostrar nuestro total rechazo al Recurso de Inconstitucionalidad presentando por el Gobierno del Estado contra la Ley de Cantabria de prohibición del fracking, por atentar a la autonomía de esta Comunidad y al sentir de sus ciudadanos.

2º.- Oposición y Rechazo el uso del suelo en nuestro municipio para la utilización de la técnica del fracking.

3º.- Instar al Gobierno de Cantabria a que urgentemente realice las modificaciones necesarias en la Ley del Suelo de Cantabria para que se regule el uso del suelo mediante la técnica del fracking como un uso PROHIBIDO en todo del territorio de Cantabria, y que se anulen los permisos concedidos hasta la fecha.

4.- Que se inicien los trámites necesarios para que, en el ámbito de las competencias municipales, se elabore una Ordenanza que, en consonancia con el principio de precaución, prohíba la utilización, uso del suelo, y actividad, en el municipio de Torrelavega, de la técnica de fracking.

En Torrelavega, a 31 de Enero de 2.014