El Ayuntamiento de Torrelavega, otros ayuntamientos de Cantabria, el propio Gobierno Autónomo y quizá el Gobierno del Estado, han tenido que hacer frente a sobrecostes de las obras de asfaltado que la Comisión de la Competencia estima en un 20% durante el período investigado (1.998-2.011) estafando a los torrelaveguenses varios millones de €

Ante ello, presentamos hoy la siguiente DENUNCIA

IVAN MARTINEZ FERNANDEZ, Concejal por ACPT del Ayuntamiento de Torrelavega, ante esta Fiscalía comparezco y, respetuosamente, como mejor proceda DIGO: Que por el presente escrito y conforme a los documentos que acompaño, en nombre propio y en nombre de la organización que represento, presento DENUNCIA pues de los citados documentos puede deducirse con claridad la existencia de una infracción penal. Se adjunta copia íntegra de la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 8 de marzo de 2013.

PRIMERO.- Según se relata en la Resolución, en noviembre de 2010 una denuncia anónima pone en conocimiento de la CNC la existencia de un cártel en Cantabria organizado para repartirse el mercado de asfalto y formado por empresas que se dedican a fabricar, vender y ejecutar obras con asfalto: -ARRUTI -ASCAN -ASFIN -EMILIO BOLADO -SENOR Estos imputados en el expediente sancionador de la CNC, se han estado repartiendo durante años las licitaciones públicas y privadas de asfaltado de obras de conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación, construcción de firmes y plataformas de carreteras, autovías, etc., MAS DE 900 OBRAS, en el territorio de Cantabria, tratándose de obras convocadas por el Gobierno de Cantabria o por los Ayuntamientos de esta CCAA, como el Ayuntamiento de Torrelavega, que resulta ser uno de los perjudicados por esta práctica fraudulenta.

Las citadas empresas se denominan a sí mismas G5, y tienen un nº de identificación del 1 al 5: Arruti es el ‘1’, Ascan el ‘2’. Asfin el ‘3’, en tanto que a Emilio Bolado y Acansa se asigna el ‘4’. El ‘5’ es Senor. Se inicia el reparto en 1998, si bien consta acreditado que en 2006 el personal directivo de alto nivel de estas empresas se reunió y acordó repartirse entre ellas las obras conforme a unos porcentajes, y a partir de entonces las reuniones son numerosas, así como los cruces de correos electrónicos, pactando y acordando prácticamente todas las licitaciones públicas en la CCAA de Cantabria. La documentación que acredita dichas reuniones y acuerdos se encuentra, conforme relata la Resolución de la CNC, adjunta al expediente tramitado.

SEGUNDO.- En lo que se refiere al Municipio de Torrelavega, en la Resolución aparece que el G5 actúo fraudulentamente, y con menoscabo a las arcas municipales y regionales, al menos en las siguientes obras:
– Acondicionamiento de viales en Fernández Vallejo y Río Arriba en Viérnoles.
– Suministro de aglomerado al Ayto. de Torrelavega.
– Refuerzo CA-330 Tramo Posadillo-Sierrapando.
– Asfaltado del Barrio Inmobiliaria, Torres, Tanos y Viérnoles.
– Asfaltado Plan Parcial Coteríos II Torrelavega.
– Saneamiento en Torrelavega.
– Carril bici de enganche en Ganzo-Manuel Teira, Torrelavega.
– Asfaltado Viérnoles, sierra y Duález.
– Campo de futbol de Torrelavega.
– Asfaltado en Sierrapando.
– Conexión saneamiento Barrio Covadonga.
– Mejora Calle José Luis Hidalgo.
– Camino depósito Tanos.
– Y MUCHAS MAS…
TERCERO.- Conforme acredita la Resolución, se trata de un cártel complejo que, por su propia naturaleza y duración durante más de una década, ha producido automáticamente un falseamiento significativo de la competencia que ha resultado sumamente perjudicial para sus clientes que resultan ser Administraciones Públicas, nacionales, autonómicas o locales, que repercutió en los consumidores, sobre todo como contribuyentes, y que por tanto afectó al interés general. Siendo difícil cuantificar el beneficio ilícito obtenido por estas empresas, este proviene de distorsionar los precios de mercado, elevando los precios para obtener ingresos superiores, incluso en obras que no constan como repartidas, y que ha afectado a los presupuestos públicos de las distintas Administraciones. Por ello considera la CNC que el daño al interés general, a los consumidores y contribuyentes, excede de las obras repartidas.

En estos días pasados, 17 de junio de 2013, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por Ascan, confirmando estos hechos.

CUARTO.- Ante la suma gravedad de los hechos, a la ciudadanía nos sorprende que las Administraciones Públicas continúen contratando con esta empresas, sin adoptar medida cautelar alguna, y también nos sorprende que al día de hoy ninguna Administración ha iniciado procedimiento alguno para resarcirse de los daños económicos que le ha producido esta conducta fraudulenta a las arcas municipales. En el caso concreto del Ayuntamiento de Torrelavega, ACPT ya solicitó hace meses al Alcalde la adopción de medidas concretas, esto es, no volver a contratar con dichas empresas e iniciar acciones para resarcirse del daño causado, peticiones que no han merecido ningún interés por parte del Alcalde. Nosotros entendemos que de los hechos que considera acreditados la CNC se deduce clarísimamente la existencia de delitos de MALVERSACION, FALSEDAD DOCUMENTAL Y FRAUDE A LA ADMINISTRACION, en las personas de los directivos de las empresas que integran el G5, sin perjuicio de que puedan existir otras personas, autoridades o funcionarios, implicadas en el fraude cometido en Cantabria durante esos 10 años. Por ello SOLICITO A ESTA FISCALIA, se admita la presente denuncia, con su copia, y se instruyan las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la depuración de responsabilidades.

Es todo cuanto se pide, en Torrelavega a 4 de julio de 2013.