Suscribir un compromiso con la educación pública de la región, urgir al Gobierno de Cantabria el abono inmediato de todos los fondos económicos para los colegios e institutos públicos y solicitar que se mantenga el coste total de las aulas de dos años, son las tres peticiones en las que coincidieron ayer todos los grupos políticos de Torrelavega. El equipo de gobierno del Partido Popular apoyó esas tres solicitudes que venían especificadas en una moción conjunta presentada por los grupos de la oposición y que tuvo su origen en otra de ACPT.

El debate de la moción rozó el esperpento. Las vueltas que dio fueron tantas que cuando se procedió a la votación de los puntos que se contemplaban en la misma (siete), ni siquiera los ediles se aclaraban y hubo dudas a la hora, incluso, de levantar el brazo para votar, lo que provocó las risas entre el público. El propio alcalde, Ildefonso Calderón, tuvo que preguntar hasta en tres ocasiones de qué manera había que votar la moción. Finalmente, se hizo por separado, punto por punto, lo que clarificó el asunto. Con el voto en contra del PP, la oposición-mayoritaria en Torrelavega- logró sacar adelante sus propuestas en el resto de puntos de la resolución. Así, el Pleno aprobó solicitar a la Consejería de Educación el mantenimiento de la plantilla actual en todos los centros públicos, la eliminación de las medidas del aumento de la ratio por aula y que se mantenga el personal de apoyo y los actuales horarios lectivos, además de pedir que se congelen las tasas en los conservatorios de música y en las escuelas oficiales de idiomas.

PSOE, PRC y ACPT aseguran que los recortes propuestos por el Gobierno de Ignacio Diego «afectan a la calidad de la enseñanza, a la eliminación de tiempos de formación del profesorado y personal de apoyo, y a dificultar el acceso a formaciones específicas».

Todavía quedaban dos puntos que habían sobrevivido a la moción original de ACPT y que tenían que votarse. Uno fue aprobado, con el voto en contra del PP, relativo a la necesidad de reducir cargos directivos en la Consejería de Educación, mientras que el otro, para la supresión de los conciertos económicos a la enseñanza privada, fue rechazado por populares, socialistas y regionalistas.

El equipo de gobierno tampoco pudo evitar que se aprobara una moción, presentada también por ACPT, instando a la inmediata retirada de la reforma laboral, recientemente aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos de unos y otros no sorprendieron y se ajustaron al guión previsto: los populares defendiendo las medidas y el resto criticándolas amargamente. No prosperó la segunda parte de la moción -que también se votó por separado- en la que la portavoz de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega, Esther García, quería instar a los trabajadores «a exigir la participación directa en la toma de decisiones de sus representantes sindicales».

Los ediles aprobaron, con la abstención de ACPT, el modificado número 48 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá expropiar los terrenos necesarios para la construcción de una glorieta junto al ‘Puente de los Italianos’, en Barreda. El Consistorio ha tomado esta decisión al no llegar a un acuerdo con los 18 propietarios de la finca afectada, residentes en la Colonia de Santo Domingo. Los vecinos querían que el Ayuntamiento no hiciera la obra porque consideran que el tráfico quedará muy próximo a sus viviendas.

También recibió el visto bueno, en esta ocasión con el apoyo unánime de todos los concejales, la modificación urbanística número 46. Se trata un cambio de la clasificación de una parcela de suelo no urbanizable no programado a urbano, en cumplimiento de una sentencia. Es la aprobación inicial, que será sometida a su correspondiente periodo de información pública.

El Pleno también aprobó, por unanimidad, la inclusión, dentro de la iniciativa Urban, de las obras de semipeatonalización de las calles Conde Torreanaz y Pomar y la ampliación de la Plaza San Bartolomé, con un presupuesto conjunto de 950.000 euros, y la incorporación de procedimientos informatizados a la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento.